La crisis de Europa
La actual situación de crisis económica mundial pone en evidencia las limitaciones de un proyecto de Unidad europea que quiere nadar en las aguas de la las grandes potencias mundiales y guardar la ropa de los Estados-Nación. El primer objetivo resulta fácil en los momentos de auge económico. Los Estados europeos disponen de una gran capacidad financiera y tecnológica, acumulada a lo largo del periodo de su hegemonía mundial, mantenida hasta el último tercio del siglo XX. Las transformaciones geopolíticas sobrevenidas en los tiempos actuales han modificado profundamente las pretensiones de los europeos, que ven cómo les alcanzan en términos absolutos potencias como China, India y Brasil, de un potencial humano y capacidad económica muy superior. La denominación G-8, que pretende agrupar a las ocho potencias económicas más importantes del Mundo, ha perdido todo su significado ante la realidad de las nuevas potencias emergentes; las citadas más arriba y otras inmediatas. No ya en conjunto, sino individualmente se prevé que puedan enfrentarse muy pronto con las europeas, e incluso con U.S.A.
Es en el momento presente cuando aparecen las debilidades de una construcción europea que no termina de afianzarse. Los dirigentes europeos se han obstinado en conseguir la homogeneización y unidad de las estructuras económicas, sin plantear la unidad política. No pueden denominarse tales a instituciones como el Parlamento y tribunales de justicia europeos, condicionados por las intrigas de los diferentes gobiernos estatales, que no dejan de mirar nunca en sus nombramientos y decisiones a los apoyos que pueden obtener de otros socios. En todo caso, los dos condicionantes que impiden una real unidad de Europa en el plano político se centran en dos puntos. El primero de ellos deriva del recelo de los diversos Estados –principalmente los más grandes como Francia, Alemania, Inglaterra, España e Italia- a abandonar parcelas de su poder soberano en manos de las instituciones europeas; el segundo obstáculo para la unidad política es consecuencia de la dependencia de las instituciones europeas con respecto a las grandes corporaciones económicas, por su capacidad de influir en los órganos de decisión de la Unión, tales como la Comisión europea, o el Consejo de ministros. Se puede afirmar que estos organismos se encuentran libres de cualquier control democrático, porque las decisiones son tomadas por esa pretendida Comisión integrada por técnicos y un Consejo de ministros en el que pueden más el equilibrio de intereses de los diversos Gobiernos europeos, que ninguna asamblea representativa. El Parlamento europeo constituye una asamblea sin nervio, carente de auténticas competencias legislativas e integrado por políticos sin otra perspectiva que la obtención de un status económico alto y sin compromisos reales.
Los dirigentes europeos han intentado imponer una forma de Europa que conviene a sus propósitos de manejo y marginación de la colectividad. Una fórmula que evita una institucionalización madura, que haga de Europa otra cosa que la reunión de colegas actual. La finalidad de la Unidad europea es la cohesión de unos territorios, no ya en el terreno económico, sino en el político en general. Mantener una situación como la presente, representa un grave riesgo de fracaso en un futuro a plazo medio.
Esta obcecación de los dirigentes europeos explica el camino seguido para establecer una Constitución europea que ha dejado a un lado el reordenamiento de los sistemas institucionales de los diversos Estados en una solución híbrida denominada tratado para la constitución europea. El único punto de unión es la aceptación general de que el conjunto de los Estados se organiza en base a un sistema político representativo con poder ejecutivo respaldado por las urnas, en última instancia. En este marco las diferencias constitucionales son notables, incluyendo la presencia de Estados federales –los menos- junto con otros unitarios y algunos indefinidos como es el denominado Estado de las autonomías español.
En este terreno el proceso de aprobación de la denominada Constitución europea ha puesto en evidencia la manipulación de los dirigentes con la mirada puesta en impedir un proceso democrático en su gestación. Redactado por una minoría de notables el texto constitucional fue aprobado directamente por los parlamentos estatales en unos casos, en otros ofrecido al refrendo, con referéndums en los que predomino la abstención y el desinterés. Lo cierto es que en el momento presente la crisis da lugar a que los Estados se cierren sobre sí mismos. El buque insignia de la Unión europea –el euro- se encuentra sin instrumentos para su defensa, porque unos Estados han tenido un comportamiento de granujas y los que se consideran más fuertes no quieren hacerse cargo de las consecuencias de tal actuación. El problema se encuentra en el mantenimiento de tantas competencias en materia económicas en cada Estado. Las garantías establecidas para evitar las disfunciones financieras han sido burladas, porque las mismas quedaban fuera de control de la Unidad europea. La Unidad del Euro corre riesgo de resquebrajarse ante el déficit y paro desbocados que sufren ciertos Estados.
Los dirigentes europeos tendrían que comprender que la unidad europea requiere ciertas exigencias. La primera de ellas obliga a barajar la instauración de formas institucionales más homogéneas y fuertes. La renuncia de los Estados a seguir manteniendo resortes de gobierno que obstaculicen decisiones que la mayoría considere adecuadas, con el fin de salvaguardar intereses particulares de grupos de presión determinados o de los actuales nacionalismos. No cabe duda de que es la resistencia del nacionalismo del Estado-Nación el lastre que ha impedido el avance político hacia la unidad. La otra exigencia afecta a la democratización del conjunto institucional. También exige la renuncia de los actuales Estados como protagonistas de la actuación comunitaria, permitiendo la participación del conjunto de los europeos en igualdad de condiciones en elecciones democráticas, libres de los manejos de que gustan gobiernos y Estados, y concediendo al Parlamento europeo el principal papel como órgano representativo y en la designación del Gobierno de la Unidad.
Solamente con una estructuración como la citada se conseguirían unas instituciones robustas, apoyadas en la capacidad material y humana del conjunto de Europa y capaz de hacer frente a situaciones como la presente, consiguiendo someter a Estados y grupos de `presión a los intereses colectivos generales.